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La lápida: el caso de Rodrigo Chaves y Huawei
Para que ninguna duda quede sobre la naturaleza del encadenamiento que estamos describiendo, basta observar lo que ocurrió en Costa Rica bajo el mandato de Rodrigo Chaves.
En agosto de 2023, su gobierno emitió el decreto 44196-MSP-MICITT, que impedía participar en el despliegue de la red 5G a empresas provenientes de países no firmantes del Convenio de Budapest. China no es signataria. Huawei quedó automáticamente excluida.
El propio Chaves justificó la medida apelando a "seguridad nacional" y "riesgo de espionaje". La Universidad de Costa Rica, sin embargo, señaló que el decreto "carecía de sustento técnico" y que el Convenio de Budapest diseñado para tipificar delitos informáticos "no constituye un criterio técnico válido para el desarrollo tecnológico". La auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca, fue más dura: calificó la medida como "querer tapar el sol con un dedo".
Pero aquí viene lo relevante para nuestro análisis sobre encadenamiento y libertad estatal.
No fue una decisión técnica autónoma. La evidencia muestra:
Presión explícita de Estados Unidos: El entonces secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió en San José que habría "consecuencias" para funcionarios costarricenses que colaboraran con actores extranjeros considerados una amenaza. La embajadora de EE. UU. declaró que parte de su trabajo sería enfocarse en "las amenazas a la ciberseguridad y la influencia económica china".
Castigo a quienes se opusieron: Estados Unidos revocó las visas de al menos 14 figuras públicas costarricenses vinculadas a la defensa de Huawei o a la investigación del decreto. Entre ellos: dos diputadas que investigaban la exclusión de Huawei, la auditora del ICE que criticó el decreto, el expresidente Óscar Arias (por criticar la "obediencia" de Chaves a Washington), y hasta el propio representante de Huawei en Costa Rica. La lista es pública y documentada.
Denuncia penal contra Huawei y sus propios funcionarios: El gobierno de Chaves presentó una denuncia penal contra la auditora del ICE y contra Huawei, acusándolos de cohecho, estafa y tráfico de influencias. Una medida que muchos interpretaron como una cortina de humo para desviar la atención de la ausencia de fundamento técnico.
La conclusión es inevitable: Costa Rica no eligió libremente excluir a Huawei. Obedeció. Y quienes intentaron defender la autonomía técnica del país —o simplemente investigar— pagaron un precio en forma de sanciones migratorias.
Ahora traslademos esa lección al debate que nos ocupa.
Un estado que ata su inteligencia nacional a Palantir no está comprando "seguridad". Está firmando un contrato de vasallaje tecnológico con Estados Unidos. Porque cuando Washington quiera algo, excluir a un competidor, forzar una integración, vetar un proveedor alternativo, no necesitará convencer al estado cliente. Ya tendrá una palanca.
La misma palanca que usó contra Costa Rica. La misma que usará contra cualquier país que crea que la soberanía tecnológica se compra, en lugar de construirse.
Por eso la libertad de administrar el software crítico no es un tecnicismo. Es la única garantía de que las decisiones de seguridad nacional las tome el Estado, no el patrocinador de la visa de tus funcionarios.
Erlin Rojas Jiménez
Mi titulo,
Analista geopolítico, sin más títulos que lo vivido.
